La compensación a cargo de los usuarios que decretó la Secretaría de Energía a raíz de la diferencia entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales podría frenarse a partir de una lluvia de amparos en los distintos tribunales del país y una medida cautelar solicitada por el fiscal Guillermo Marijuán.

El pedido del fiscal surge a partir de una denuncia penal que presentó este lunes contra el secretario Javier Iguacel por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa recayó en la jueza María Servini de Cubría, ante quien Marijuán pidió adoptar una medida cautelar de manera urgente.

"Los contribuyentes han hecho pagos y uno de los efectos del pago es la cancelación total, con lo cual no se puede en modo alguno quitarles la entidad jurídica que tienen justamente el acto del pago", aclaró el fiscal.

A su vez, los intendentes peronistas acordaron presentar "una lluvia de amparos" en los próximos días. El primer distrito en accionar judicialmente fue el municipio de General San Martín, donde el intendente Gabriel Katopodis pidió la nulidad de la medida junto a usuarios y clubes de barrio.

Iguacel dijo que "los que se quejan de la suba del gas son kirchneristas" y le llovieron críticas 

En el municipio advierten que la "compensación" no fue incluida en las audiencias públicas y por otro lado, "afecta a los sectores de menores recursos del distrito y a los ingresos municipales", ya que ante la decisión de pagar tarifas de gas o impuestos municipales, "sin duda optaran por la primera".

El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, anticipó que este martes presentarán otra medida de amparo para frenar la resolución de Energía y se espera que en cada municipalidad gobernada por el peronismo se repetirá dicha mecánica. 

"Durante el fin de semana pensamos en hacer un amparo colectivo entre todos los intendentes, pero lo descartamos porque tiene menos fuerza que una lluvia de amparos. Además cada tribunal es diferente y de esta manera si en algún juzgado no tiene buena recepción, igualmente puede seguir su curso en otro. El objetivo es frenar realmente la suba. En primer lugar a nivel municipal, pero no descartamos que lo pueda tomar un juez federal para que el amparo tenga efecto en todo el país", comentaron a LPO desde uno de los bastiones del PJ.

La lluvia de amparos cruzará las fronteras del Gran Buenos Aires y promete expandirse por todo el país. En Salta, el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Santiago Manuel Godoy, confirmó que actuarán de la misma manera junto al apoyo de los diputados nacionales Javier David y Sergio Leavy.

Lo mismo sucedería en la provincia de Neuquén, donde el pre candidato a gobernador Ramón Rioseco remarcó "la obligación de oponernos a este disparate; la crisis del dolar que provocaron en beneficio propio los funcionarios del Gobierno de Macri, ahora se traduce en un tarifazo encubierto para garantizarle rentabilidad a los empresarios".

La resistencia ante la resolución de la Secretaría de Energía llegó incluso a las propias filas de Cambiemos, donde el gobernador jujeño, Gerardo Morales, expresó su rechazo y sorpresa. "Sobre el tema tarifas habíamos hablado otras cosa. No comparto este tema porque las factura ya han venido muy elevadas", subrayó.

Para intentar tranquilizar la situación, el Ministro de Interior Rogelio Frigerio manifestó estar dispuesto a discutir dicho asunto con la oposición y buscar alternativas para amortiguar la suba del gas siempre y cuando se respete un presupuesto con equilibrio fiscal.

Guido Lorenzino.

Aglaplata

En tanto, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, aseguró que irá a la Justicia si el gobierno no da marcha atrás con el cobro. Lorenzino presentó un recurso ante la secretaría de Energía de la Nación y sostuvo que el aumento definido la semana pasada "es ilegal". 

"La resolución provoca un agravio irreparable a los derechos de los usuarios. Es una medida incomprensible, que pone en evidencia a un gobierno que no sabe cómo manejar la política de servicios públicos y que claramente se inclina a favor de las empresas y no de la gente que ya no da más de pagar un aumento tras el otro", expresó Lorenzino.

El recurso administrativo presentado por la Defensoría se dio como respuesta a los numerosos reclamos derivados por la medida de la Secretaría de Energía de establecer un cobro para los usuarios en 24 cuotas en concepto de "recupero de crédito" para que las prestatarias puedan compensar las diferencias que provocó la devaluación entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales desde abril hasta septiembre de 2018.